Casi cuatro meses después de la última reunión del consejo de administración de Giralda Televisión el Ayuntamiento todavía sigue estudiando qué fórmula usará para gestionar la licencia. La sociedad será disuelta en la junta de gobierno que se celebrará el 27 de junio.
Según han informado los representantes de PSOE e IU en el consejo, Mercedes de Pablos y José Antonio Salido, grupos que habían pedido la convocatoria, el concejal de Economía, Empleo, Turismo y Comercio, Gregorio Serrrano, les comunicó que será una junta general el próximo 27 de junio la que apruebe la disolución de Giralda TV. Tras el nombramiento de un liquidador, la televisión seguirá emitiendo hasta que se apruebe la nueva fórmula jurídica con la que operará, y según los juristas presentes en la reunión “podrá hacerlo durante uno o dos años”, estima José Antonio Salido.
El Ayuntamiento sigue estudiando la figura jurídica que le otorgará al operador para seguir emitiendo, aunque ha comunicado a la oposición que su intención es que, cuando se hagan todos los análisis jurídicos y tengan el visto bueno del interventor y el secretario, se lleve al último pleno ordinario previsto para finales de julio.
Las opciones
Según explicó el propio Serrano, las opciones son: crear una nueva sociedad -aunque él mismo lo desestimó “porque para eso está ya la que está”-; la gestión directa adscribiéndola a un área del Ayuntamiento -Presidencia, a través de Comunicación-; o a través de cualquier otro tipo de “ente o agencia pública”.
Las dos últimas opciones plantean sus dudas a la oposición, especialmente la primera, puesto que significaría el incremento de la plantilla municipal, ahora afectada por la tasa de reposición cero ni hay oferta pública de empleo. “Eso sería modificar la relación de puestos de trabajo, tanto a los de libre designación como de las condiciones de contratación”, señala De Pablos.
La segunda opción, la de la agencia, obligaría a una reprogramación presupuestaria, cuando Serrano dejó claro ayer, según Salido, que los 4 millones que se pidieron para ampliar capital “no los va a poner el Ayuntamiento”.
Sobre los trabajadores, Serrano insiste en que el objetivo es que se mantengan los máximos empleos, por lo que De Pablos solicitó que constara en acta su compromiso de mantenerlos.
En cuanto a la licencia, cuya titularidad es municipal tras otorgársela la Junta, la Ley sólo obliga a que se comunique si hay algún cambio en la fórmula de gestión.
Salido fue muy crítico -y recibió el apoyo de De Pablos- con la “insolvencia documental” con la que Serrano ha acudido a este consejo, más aún cuando dos días antes de aprobarse adscribirse al plan de ajuste aceptaron en el último consejo la ampliación de capital en 4 millones. “No traía los deberes hechos”, dice.
Proveedores: los pequeños sí, los grandes menos
A viva voz y sin ningún documento que lo acredite, la oposición recibió un adelanto de cómo va el pago a los proveedores: los pequeños acreedores han cobrado el 70% de la quita (sobre el 51% de la deuda) y los grandes, sólo el 40% del total que se negoció a la baja. Cuando se disuelva la sociedad, habrá que calcular lo que reste más le deuda acumulada desde marzo de este año.
Sevilla Global
Un total de 26 trabajadores de 'Sevilla Global', una sociedad anónima participada en solitario por el Ayuntamiento hispalense, ha elevado al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 un recurso contra la disolución resuelta por el Consistorio para esta empresa, extremo comprendido en el acuerdo plenario que daba luz verde al plan de ajuste de esta administración local. El Ayuntamiento, por su parte, podría debatir ya en el próximo pleno ordinario la aprobación definitiva del expediente de disolución iniciado el pasado mes de marzo, toda vez que esta medida será acompañada de un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter extintivo pero aún por formalizar.
En concreto, una diligencia fechada el 6 de junio por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 y recogida por Europa Press, refleja que el acto administrativo objeto de recurso no es otro que el acuerdo plenario que, el 30 de marzo, daba luz verde al plan de ajuste promovido por el Ayuntamiento para acogerse al real decreto Ley 4/2012, que estipula vías de financiación para que las administraciones salden sus deudas con los proveedores a cambio de sacrificios inversores y contracción del gasto corriente. Este plan, como se recordará, contemplaba entre otros muchos aspectos la disolución de las sociedades municipales 'Giralda TV' y 'Sevilla Global'.
Entretanto, el pleno ordinario que el Ayuntamiento debe celebrar el próximo 3 de julio habría de debatir, y previsiblemente aprobar dada la mayoría absoluta con la que cuenta el PP, el texto definitivo de este expediente de disolución. A partir de entonces, la plantilla sería sometida a un expediente de regulación de empleo extintivo con efectos sobre todos y cada uno de los 52 empleados. El Ayuntamiento hispalense, no obstante, defiende que estudia la posibilidad de reintegrar en sus delegaciones a los trabajadores de 'Sevilla Global' que pertenezcan a determinados servicios, un extremo que aún habría de madurar.
El comité de empresa, de su lado, trasladó ya al consejo de administración de esta sociedad anónima un escrito defendiendo que es "radicalmente falso" que un "imperativo legal" obligase a disolver la empresa, aspecto inicialmente asociado al plan de ajuste acordado por el Consistorio para acogerse al real decreto Ley 4/2012. Posteriormente, el Consistorio atribuyó esta decisión a una supuesta ausencia de "eficacia o eficiencia" y a una "duplicidad" de servicios con relación al propio Ayuntamiento de Sevilla.
De cualquier manera, el comité de empresa entendía que la disolución, con efectos sobre 52 trabajadores, responde a "un mero capricho del interventor municipal y de los miembros de la Corporación que han votado a favor (...), dañando a las personas que trabajamos honradamente en esta sociedad".
