El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha incoado diligencias previas por la denuncia presentada por Manos Limpias contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y los expresidentes de Bankia, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la entidad.
Según el auto dictado dictado el 21 de mayo al que ha tenido acceso Europa Press, el juez concluye que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" por lo que abre diligencias y lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.
De esta forma se abre el primer paso para la apertura de un proceso penal por la gestión llevaba a cabo en Bankia, que cerró 2011 con unas pérdidas de 2.979 millones de euros y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que anunció ayer 'números rojos' de 3.318 millones de euros.
El sindicato acusa al gobernador del Banco de España por su "grave imprudencia" al permitir la concesión de créditos "sin controlar el riesgo", lo que podría constituir varios "delitos penales" por omitir su labor de supervisión de las entidades financieras, según la denuncia presentada.
Además, Manos Limpias acusa a Fernández Ordóñez de no supervisar correctamente a Caja Castilla La Mancha (CCM) y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que también tuvieron que ser intervenidas por el Banco de España ante su situación de quiebra.
Por otro lado, el sindicato considera que los antiguos presidentes de Bankia incurrieron en presuntos delitos societarios, falsedad documental, administración desleal y malversación de caudales públicos.
En la denuncia se les acusa de conceder una "millones de créditos fallidos a los especuladores" del sector inmobiliario y de "maquillar los balances" en la declaración de sus cuentas presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hechos denunciados posteriormente por los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria(FROB).
El sindicato también denuncia el incumplimiento por parte de España de la directiva europea 30/0/2009, que limitaba las indemnizaciones a los banqueros a dos años de retribuciones fijas y obligaba a devolver los pagos en exceso.
