El presidente de Diputación, José Loaiza, ha inaugurado una jornada planteada como una asistencia técnica a las entidades locales. Loaiza ha reconocido que en las relaciones con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas “no podemos sentirnos orgullosos”, en referencia al estado de rendición de cuentas que acreditan las entidades públicas de la provincia. “Algo está fallando”, y para remediarlo, se requiere intensificar los esfuerzos “y sensibilizar a los responsables públicos para mejorar la gestión del dinero público”, ha destacado el presidente de Diputación.
Han acompañado a Loaiza en la apertura de la jornada el vicepresidente 2º de la institución provincial, Bernardo Villar, y el responsable del área de Función Pública y Recursos Humanos, Ángel Luis Fernández. Bernardo Villar, en la clausura de la jornada, ha valorado las normas y los servicios adoptados por la administración central para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Tres ponentes de reconocida solvencia profesional han intervenido en las exposiciones técnicas: el delegado del Ministerio de Hacienda en la provincia de Cádiz, Miguel Gómez Martínez; el ex consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas Vázquez; y el interventor del Ayuntamiento de Cádiz, Juan María Moreno Urbano. La oficina electrónica que enlaza a las entidades locales con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; la cuenta general de las corporaciones locales; y las actuales exigencias en la contabilidad pública han sido las cuestiones analizadas.
De esas exposiciones se obtienen datos muy ilustrativos del sector público local de la provincia de Cádiz -compuesto por 60 entidades locales territoriales y 140 organismos autónomos, entidades públicas y sociedades- en lo concerniente a sus obligaciones presupuestarias. En la actualidad hay tres Ayuntamientos que no reciben sus asignaciones mensuales desde la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), al no aportar sus rendiciones de cuentas ante el Ministerio. En esta situación, de retención de transferencias, se encontraron 6 Ayuntamientos en octubre de 2011; 4 en noviembre de 2011; 2 en diciembre de 2011; 2 en enero de 2012; 5 en febrero de 2012; y 3 en marzo.
La legislación establece plazos límite para presentar la documentación: el presupuesto del año 2012 tuvo que aprobarse antes del 31 de diciembre de 2011; la liquidación presupuestaria de 2011 tenía que remitirse al Ministerio antes del 31 de marzo de 2012. El incumplimiento de esta última previsión deriva en retenciones de la PIE desde el 1 de septiembre y, dicha sanción, se mantiene mientras no se cumpla con la obligación legal. La liquidación presupuestaria de 2011 para sociedades dependientes de Corporaciones Locales se tiene que remitir antes del 31 de octubre de 2012.
En la provincia de Cádiz, conforme a las fechas límite indicadas, se obtienen las siguientes conclusiones en relación a sus 44 municipios:
- todos los Ayuntamientos han enviado la información sobre la aprobación de sus presupuestos de 2011, si bien 8 municipios se desenvolvieron con presupuestos prorrogados;
- hasta ahora sólo 20 Ayuntamientos han enviado al Ministerio la aprobación de sus presupuestos para el año 2012;
- Aún hay dos ayuntamientos que no han remitido la liquidación presupuestaria de 2010
- Y hasta hoy, sólo 20 Ayuntamientos han enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la liquidación del presupuesto de 2011. La entidad que no cumpla esta obligación legal sufrirá retenciones en la PIE desde septiembre de este año, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible.
