Alcalá Suma ha valorado lo que considera “una situación de degradación de la educación pública andaluza”, cuando arranca el nuevo curso. Según el comunicado emitido por dicha formación “tras negarse la administración pública andaluza a bajar las ratios máximas por aula en los centros educativos andaluces y perderse dos líneas más en la escuela pública local (una en el Garnica y otra en el Alonso), el curso ha comenzado en Alcalá la Real con tres clases de infantil de 3 años desbordadas con la ratio máxima (25), lo cual impide una atención individualizada correcta del alumnado y una gran dificultad para las maestras en su gestión. Recordamos que otras muchas comunidades autónomas sí han atendido la petición de la comunidad educativa de bajar las ratios, pero Andalucía no. Por poner un ejemplo, en los últimos años las siguientes comunidades han bajado la ratio de 25 a 20 en primer curso de infantil: Galicia, La Rioja, Cantabria, País Vasco, Madrid, Canarias, Baleares o Cataluña”.
“El ministerio de educación establece unas ratios máximas, pero las comunidades autónomas pueden bajarlas si quieren. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía sigue negándose a incorporar una medida que beneficiaría a tod@s por igual y que otras comunidades ya han adoptado. El Ministerio de Educación acaba de repartir los 120 millones que rechazó y devolvió el gobierno de Moreno Bonilla de fondos europeos para guarderías públicas andaluzas. De aceptarlos, 12.000 familias andaluzas habrían tenido guardería gratuita. El PP andaluz protegió así la red de centros concertados. La cantidad ha sido destinada a otras siete regiones que la han solicitado: Asturias, Aragón, Madrid, Navarra, Murcia, Valencia y Castilla-León”.
“240 profesores de la escuela pública andaluza pierden sus becas de inmersión lingüística de este pasado verano, 220 en Reino Unido y 20 en Francia, por sacar la Junta de Andalucía fuera de plazo la licitación para organizar dichas estancias. Más fondos europeos perdidos. El Gobierno andaluz solo ofrece 400 plazas públicas para cursar el máster de educación para profesorado. Con 4.000 solicitudes, unos 3.600 aspirantes tendrán que pasar por caja y pagarse un máster en la privada que sale hasta mínimo tres o cuatro veces más caro que en la pública, lo cual imposibilita a las rentas más bajas la realización de este posgrado, necesario para ejercer la docencia. Resultado: la división entre clases sociales se agudiza por unas políticas autonómicas castizas y clasistas”.
“El Gobierno andaluz crea seis universidades privadas en los últimos años. Detrás de ellas y siguiendo la pista del dinero observamos que están fondos de inversión que no tributan en Andalucía. ¿Se puede hablar de solidaridad interterritorial en los impuestos con este acoso y derribo a lo público para favorecer intereses privados que nada tienen que ver con el bien colectivo?”, se concluye desde Alcalá Suma.
