Según informó ayer la Guardia Civil, a los implicados se les imputa la comisión de varios delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, estafa y apropiación indebida.
La operación, denominada Fragmento, ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.
La investigación, desarrollada durante los últimos siete meses, se ha centrado en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Zaragoza, donde se encontraban los principales depósitos de material de electrodomésticos, en los que se han intervenido hasta 1.300 frigoríficos fuera de uso que se pretendían fragmentar de manera incorrecta.
En lugar de ser eliminados de acuerdo con la normativa medioambiental vigente, los frigoríficos eran destruidos en centros no autorizados para este tipo de gestión, mediante técnicas rudimentarias para la liberación de gases que afectan a la capa de ozono.
En el transcurso de la operación, la Guardia Civil ha constatado la liberación de gases equivalentes a más de 500 millones de kilos de dióxido de carbono.