El paquete de medidas fue presentado por los consejeros de Medio Ambiente; Economía, Innovación y Ciencia; Agricultura y de Presidencia, Mar Moreno, quien se encargó de aclarar que se destinan a todo el territorio andaluz y que tratan de mejorar “todo lo que sabemos hacer bien”, impulsando sectores industriales y avanzando en otros nuevos.
José Juan Díaz Trillo, titular de Medio Ambiente, quiso destacar la importancia territorial, económica y social de la adecuación del Plan Forestal 2010-2015, el quinto elaborado por la Junta, y que en este caso tendrá un montante de 2.444 millones y generará 19,5 millones de jornales, además de prever convertir 28.000 hectáreas de terreno forestal en monte público.
Ante las críticas que se han vertido contra el plan, aseguró que es “algo más que plantar pinos” y negó que se vaya a convertir en un PER encubierto para conseguir votos del medio rural, como ha criticado la oposición. “La derecha tiene cierta visión del campo muy limitada, más privada que pública” y una posición “muy difícil ante el medio ambiente, basada en el consumo intensivo de recursos naturales”, lamentó el consejero, que aseguró que no sólo se mantendrán los empleos actuales, sino que se van a generar más y de calidad.
La referencia al PER hizo saltar a la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, quien defendió “sin ningún complejo ni ningún pudor” el papel de este programa en la fijación de población del medio rural y en su desarrollo aunque suela usarse “como crítica a Andalucía”, apuntando que frente a comunidades gobernadas por el PP como Galicia, Castilla-León o Aragón que siguen perdiendo pueblos, desde que se puso en marcha el PER en los años ochenta en Andalucía “no se ha perdido ni un sólo pueblo”.
Siguiendo con el Plan Forestal y en referencia a las peticiones de las empresas del sector para que la dotación fuera una nueva inversión, Díaz Trillo señaló que estos planes tienen una evaluación quinquenal y que el último finalizó en el 2008, aunque las inversiones correspondientes al que se acaba de aprobar se están realizando desde que comenzó el 2010.
Apuntó que la mayor parte de las empresas forestales que se benefician del plan son andaluzas y que se invertirá un 18% más que en el plan anterior (2.069 millones), de los que la Junta financiará el 53%, el 40% procederán de fondos europeos el 1,3% del Gobierno central.
El mayor presupuesto (635 millones) del plan forestal se destinará a programas para el control de la erosión, la lucha contra la desertización y la restauración de ecosistemas degradados; 586 millones irán al control de incendios, y 488 millones para fomentar el aprovechamiento sostenibles de los recursos forestales.
Además, Díaz Trillo detalló la novedosa apuesta por la transformación y comercialización de los productos forestales, por las energías renovables (como la biomasa), y por la innovación e investigación para generar “empleo verde” de calidad.
Una Ley de calidad agroalimentaria para potenciar la competitividad del sector
Otra de las medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno fue el proyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera, con el que la Junta cierra el marco legislativo tras regular el vino, y con el que se pretende potenciar la competitividad de la industria del sector y reforzar las garantías de los consumidores.
Según la titular de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, la Ley pretende identificar la calidad comercial, que es la que se exige de cara al consumidor, y la calidad diferenciada, a través de las 57 denominaciones de origen que posee la Comunidad, además de los productos procedentes de la agricultura y ganadería ecológica e integrada.
Además, introduce como novedad la regulación de la artesanía alimentaria de la de tipo industrial.
El texto establece medidas para potenciar la competitividad de las producciones de la agroindustria y de la pesca, sectores que actualmente suman más de 6.800 empresas y alrededor de 63.000 empleos en Andalucía.
También servirá para ofrecer mayores garantías a los consumidores y reforzar los controles en todos los eslabones de la cadena alimentaria.
La ley regula especialmente los requisitos de control, las distintas figuras de calidad y sus organismos gestores, la información al consumidor y las líneas de apoyo a las producciones diferenciadas.
La norma fijará sistemas de control tanto a los operadores (productores industriales, transformadores y comercializadores) como a la Administración, especialmente en la veracidad y exactitud de las informaciones incluidas en el etiquetado y la publicidad, así como en la lucha contra el fraude.
Otra novedad de la futura ley es que los consejos reguladores de las 57 denominaciones de origen pasan a configurarse como corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia, lo que, entre otros aspectos, les da independencia para convocar sus propias elecciones, lo que hace que las del pasado viernes haya sido las últimas convocadas por la Junta.
250,7 millones para potenciar las exportaciones y 100 para la minería
El Consejo también ha aprobado el IV Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013, con una dotación de 250,7 millones para impulsar la presencia de las empresas andaluzas en el exterior.
La nueva estrategia propone como principales metas crear más de 60.000 nuevos empleos vinculados a la actividad exterior; aumentar en 3.300 el número de firmas exportadoras, alcanzando la cifra de 20.000 en tres años (5.000 de ellas que lo hagan de manera regular), y situar a Andalucía entre las seis primeras comunidades en cuanto a inversiones en el extranjero (actualmente es la décima), de manera que el volumen de las exportaciones no sea inferior a 20.000 millones.
Este plan incluye los objetivos de los tres anteriores pero amplía a toda la economía andaluza, según apuntó Antonio Ávila, consejero de Economía, Innovación y Ciencia, quien destacó su carácter consensuado dentro de la Concertación y la implicación de las ocho consejerías de la Junta de mayor perfil económico.
El plan se compone de 61 programas distribuidos entre cinco grandes ejes estratégicos, siendo el de mayor dotación, 137,86 millones, el de impulso a la innovación y competitividad de las empresas que ya exportan (16.663 firmas que operan en 197 países).
Las medidas recogidas en el plan continuarán respaldando a los sectores de la economía andaluza con presencia tradicional en el exterior (agroindustria, materiales de construcción, servicios y maquinaria, entre otros), aunque se dará prioridad a las actividades emergentes de mayor potencial, valor añadido y capacidad de generar empleo, como las relativas a tecnologías de la información y la comunicación, energías renovables, aeronáutica, biomedicina, turismo y cultura.
También se han aprobado el Plan de reordenación de los recursos minerales, dotado con 103 millones hasta 2013 y que orientará el 90 por ciento de los recursos a reforzar la sostenibilidad del sector de la minería.
El Pormian recoge 64 acciones repartidas en cuatro ejes, además de establecer un diagnóstico identificando las zonas territoriales con mayor presencia de recursos y de actividad, y la compatibilidad medioambiental del sector.
