El alcalde, Alejandro Sánchez, pretendía desviarlo por la Avenida del Ejército, ubicada en terreno municipal, para situar allí el peaje. Por ese tramo circularon en 2008 una media de 27.000 vehículos diarios, el 95% de los cuales son ligeros, según Fomento.
El Ayuntamiento solicitó cortar el tráfico rodado en la N-351 con el objeto de ejecutar unas obras consistentes en mejorar la red de pluviales, de aguas fecales y el alumbrado, según Fomento. En un escrito presentado hace meses, el municipio añadía además una solicitud de permiso más general, en previsión de otras “futuras instalaciones”.
El desvío del tráfico fue autorizado por Fomento con esos fines, “pero los plazos de ejecución de la obra no se cumplieron y terminaron por no realizarse”. El Ayuntamiento volvió a solicitar la autorización caducada el pasado lunes, pero Fomento se la denegó, una vez conocido ya su plan de instalar un peaje.
En su escrito, el organismo estatal insta además a “la inmediata paralización de los trabajos y al restablecimiento del tráfico”, al tiempo que recuerda que este sólo puede alterarse en verano con su permiso expreso.
Este es el primer varapalo para la bautizada como tasa de descongestión, una medida que según el Ayuntamiento debe compensar los perjuicios derivados de servir como ciudad fronteriza. Pero no ha sido el único.
El propio portavoz del PP en la Comisión de Fomento, Andrés Ayala, considera que “merece mayor reflexión” la idea del alcalde de reordenar el tráfico de acceso a la aduana para aplicar una tasa a los coches que accedan a Gibraltar.
“Creo que estas son ideas que hay que pensárselas un poquito más. Este es un tema en el que las comunicaciones con territorio extranjero se hacen a través de vías que tienen naturaleza nacional”, declaró Ayala.
El diputado enmarcó esta propuesta en la necesidad que tienen los ayuntamientos de buscar medios de financiación para paliar la situación de crisis económica por la que atraviesan. Eso sí, recalcó que “cuestiones como ésta merecen una reflexión un poquito mayor. Creo que necesita una mayor reflexión”, insistió.
El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, sí que justificó ayer la medida en la defensa de los intereses del municipio, tras las “muchas cesiones” que a su juicio ha hecho el Gobierno ante Gibraltar. Además, pidió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que intervenga ante la situación del tráfico en la zona.
Críticas
Por su parte, el portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, criticó la “irresponsabilidad y la estupidez política” del presidente del PP-A, Javier Arenas, por “aplaudir y jalear” la “ilegalidad” que supone la tasa que quiere aplicar el alcalde de La Línea.
Jiménez rechazó en estos términos el apoyo expresado por Arenas al alcalde linense, del que aseguró que su estrategia “es una respuesta gilista y barriguera, propia del fascismo dulce que inspiraba al señor Gil, que es el mentor político de este alcalde adoptado y digerido, como todo el gilismo en Andalucía, por el PP”.
Tras esta definición, el portavoz se centró en la figura de Javier Arenas, al que recriminó que “aplauda y jalee” la decisión “ilegal” del alcalde, lo que le ha llevado a denunciar la “estupidez e irresponsabilidad política” del líder del PP-A.
A su juicio, lo que pretende el PP con esta tasa es “desviar la atención de la ruina política y económica en la que se encuentra” el Ayuntamiento de La Línea. A estas palabras contestó ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, que pidió a Jiménez que sea “más responsable y no le haga el juego sucio a Gibraltar” al tiempo que reclamó que La Línea “recupere el estatus económico especial que le suprimió el Gobierno de Zapatero”.
Sanz se mostró “perplejo” por el “antiespañolismo” que, a su juicio, muestra tener Jiménez, de manera que, “por su obsesión enfermiza de atacar el PP, se muestra como el único que no es capaz de defender los intereses de un pueblo español como La Línea”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Fomento en el Congreso, Salvador de la Encina, reiteró ayer que el Ayuntamiento de La Línea recibe del Estado, a través de la Participación de Ingresos del Estado (PIE), 3,5 millones de euros más que otras poblaciones con el mismo número de habitantes, por lo que criticó que Alejandro Sánchez alegue la “falta de recursos de la aportación del Estado”, ya que es un argumento “absolutamente incierto”.
Trabajadores
Por su parte, la asociación de trabajadores españoles en Gibraltar Ascteg anunció reuniones, tras las cuales se producirán “posibles acciones que eviten los daños que se avecinan y pueden tener consecuencias muy graves”. Así, el colectivo hizo referencia a las noticias que les llegan de trabajadores que aseguran que van a ser despedidos por la polémica suscitadas por el peaje.
