OBLIGACIONES Y DESPACHO ORDINARIO
Para las tres asociaciones, "el Gobierno en funciones está obligado a atender el despacho ordinario de los asuntos públicos y, por tanto, a culminar los trámites legales pendientes para hacer efectivo lo pactado".
Para las asociaciones de los antiguos secretarios judiciales, "el Gobierno se comprometió a un incremento retributivo, que aunque insuficiente y alejado de la adecuación salarial que se sigue debiendo a nuestro colectivo, debía de haberse reflejado en la nómina del pasado mes de julio".
El Consejo de Ministros aprobó la tramitación administrativa urgente de los decretos retributivos, paralizándola más tarde. Los sindicatos de funcionarios (STAJ, CSIF, CC OO, USO, y UGT) recurrieron dicha subida por no haber sido acordada en la Mesa Sectorial, que cuenta con representación de los mismos y en la que no participan los LAJ.
Estas organizaciones, que representan a 45.000 funcionarios (unos 2.000 en Málaga), mantienen un conflicto también salarial y profesional con el Ministerio, sin que se haya negociado con sus representantes desde el pasado mes de abril.
"Es imperioso que los Ministerios de Hacienda y Función Pública y Justicia, y sus titulares, las señoras Montero y LLop, y más allá de las acciones legales que las asociaciones nos hemos visto obligadas a ejercer para exigir el cumplimiento forzoso del acuerdo, intensifiquen las gestiones que permitan, aunque tarde, hacerlo efectivo sin más demora. Lo contrario, llevaría a seguir tensionando la actividad de los operadores jurídicos, incidiendo en el descrédito al que la gestión política ha llevado a la Administración de Justicia durante la última legislatura y con el riesgo subsiguiente de colapso del sistema", indican en el comunicado los LAJ, que de no cumplirse, dicen, "está más que justificado que se retomen de inmediato todas las medidas que sean necesarias".
