"La mayoría de la gente ve lo que es, y nunca ve lo que puede ser". Albert Einstein.
La sanidad es uno de los temas más recurrentes de toda campaña electoral y en cuanto unos comicios se acercan, las manifestaciones quejándose del mal funcionamiento del sistema sanitario se echan a la calle. Lo acabamos de ver en Madrid y, con más o menos razones que las justifiquen, se han visto en Andalucía, antes con los gobiernos socialistas y ahora con los del PP. Al margen de razones, la sanidad es un dolor de muelas para el que gobierna, sea estado o comunidad, y el mejor atizador posible de la oposición.
La sanidad española, que es la envidia de otros muchos países a años luz de España en esta materia, tiene, no obstante, grietas evidentes, no solo en atención primaria, en niveles de inversión, de hospitalización, de listas de espera, de atención al enfermo y de prevención, de centros abiertos públicos y concertados, de centros de salud en localidades medianas y pequeñas y, cómo no, en cuanto al muchas veces casi indescifrable sistema de competencias entre estado y comunidades autónomas. La cuestión es si con los recursos existentes, personales, materiales y económicos, se gestiona de manera eficiente y el déficit ahí es enorme, el sistema mejoraría de manera potencial con una gestión más eficaz, más alejada del entorno político y más cercana al ecosistema en el que habitan las empresas. Esto no significa que lo mejor sea privatizarla, ante lo cual saltan todas las alarmas por lo injusto e insolidario que resultaría, pero poco se critica la gestión pública de los recursos y solo se habla de financiación y apenas de gestión, entre otras razones por la sobre protección que en España existe en todo lo relativo al funcionariado público.
La eficacia de la gestión pública, en general, es un debate contaminado, nadie se mete en eso porque políticamente resta y porque, además, los sindicatos que ejercen su control en las administraciones saben manejar la situación, tensarla para sacarle rendimiento mediante unos convenios que regulan al sector público que en muchos casos son una auténtica insensatez y que laboralmente dividen al país en ciudadanos de primera, éstos, y el resto. No es justo, ni acorde para los tiempos que corren, que no haya penalización alguna ante una mala praxis profesional, esto no sucede en otras escalas laborales del país y desde luego está fuera de toda duda que tampoco en el mundo de las empresas privadas, donde es obligado rendir, producir y ser efectivos ante la posibilidad de perder el trabajo.
El sistema público que tenemos en España es esencial, pero no quiere decir que tengamos que pensar que por ser público se gestiona mejor. La asignatura pendiente de las administraciones públicas es conseguir que lo público funcione mejor que lo privado. Son muchos los problemas que aquejan a cualquier servicio público. La falta de medios económicos es el primero y más común porque el despliegue de servicios que se ofrece a la ciudadanía por la suma de las administraciones tiene un coste que difícilmente se consigue mediante la autofinanciación. Y hay falta de medios personales. Durante los primeros años de la democracia en los que se montó y creció el estado del bienestar se llenaron las administraciones públicas de personal, que hoy está ya jubilado o cerca, lo que provoca una reducción de plantillas y, con todo el procedimiento legal necesario para cubrirlas, el vaciamiento es constante. Falta de motivación de los empleados públicos por no existir un sistema que valore el rendimiento y el resultado en el trabajo, algo que no interesa a los sindicatos porque si se implanta quedarían al descubierto los que no trabajan casi nada, quienes lo mínimo, quienes mucho y quienes dan la vida por el trabajo y, lógicamente, retribuyendo más a quienes más se esfuerzan. Esto no interesa, en lo público parece que da igual el nivel de rendimiento, no hay mecanismo para motivar y premiar el esfuerzo. Y ante ello, se ha implantado en muchos la ley del mínimo esfuerzo porque da lo mismo esforzarse más.
Unos convenios colectivos que en cada revisión lo que incluyen es ganar más y trabajar menos, controlados por el poder que durante la democracia han adquirido los sindicalistas. Un sistema disciplinario en el que tienes que robar y que te pillen con las manos en la masa o no hay forma de penalizar por esos mismos incumplimientos que en una empresa privada te llevaría al despido inmediato. Y, finalmente, unos gobiernos cuyos políticos se aprovechan de que nadie tiene claro a qué se dedica cada administración pública y utilizan con gran habilidad el arte de echar la culpa a otra administración, sobre todo si es de partido político distinto, esto evita presión porque ser consciente de que se puede echar la culpa a otros libera mucho el sentirse responsable.
Pocos tienen claro de quién es competencia la sanidad pública y esto quedó demostrado durante la pandemia, lo que sirvió para difuminar las responsabilidades con el juego de la pelota. Lo cierto es que desde nuestra Constitución y la existencia de las comunidades autónomas, la sanidad pública es competencia exclusiva de éstas. El gobierno de la nación solo tiene competencias para la legislación básica, para coordinarlas y poco más. Y para convocar plazas de MIR, que, por cierto, desde 2019 se han visto incrementadas por encima de cualquier año de la democracia, siendo 2022 el año en el que se han convocado el mayor número de la historia, 8.188. Pero si es importante que el gobierno central saque plazas de MIR, el siguiente hito es que las comunidades autónomas convoquen plazas a cubrir y, a partir de ahí, fortalecer una gestión de hospitales, atención primaria, citas, tratamientos, intervenciones y equipamiento que es competencia exclusiva de ellas. Hay que tenerlo claro para situar correctamente de quién es la responsabilidad de las deficiencias sanitarias.
Se acercan elecciones municipales, autonómicas en muchas comunidades y, también, generales, y los sindicatos saben que es el momento de apretar en sus peticiones porque los gobiernos no quieren huelgas nunca, pero menos ahora. También aumentan los bulos por las redes para atacar al que gobierna bajo el anonimato soltando mentiras que muchos creen porque piensan que todo lo que le se difunde puede ser cierto. Normal ser testigos en estas fechas de confrontaciones políticas, de promesas que son brindis al sol, de sacar del baúl trapos sucios y de minimizar la gestión de quien gobierna, poniendo el foco en temas menores pero que distraigan la opinión de una ciudadanía distraída con la pandereta para que no se fije en la gestión.
Nos esperan meses que nos deberían producir hastío porque ha quedado inaugurada de manera oficial la temporada de tiro al pato, que no al plato, un juego de manipulaciones para moldear la opinión de unos y otros bajo la premisa de alcanzar el objetivo aunque sea bajo el imperio de la mentira. Un verdadero aburrimiento. Ahora que los algoritmos y el manejo de datos bajo lo que se conoce como inteligencia artificial está en auge, una aplicación que nos proteja de todo esto, advirtiéndonos de quién miente, ilustrándonos de los trasfondos, bloqueando a los que sobran para, así, alcanzar un futuro ansiado donde la mala gestión, en general, sea reconocible y penada y la verdad resulte importante.
