No habrá un tercer mandato para Eloi Badia en el Ayuntamiento de Barcelona. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no contará con su actual concejal de Ecología en las listas de Barcelona En Comú (BeC) para intentar revalidar el poder después de las elecciones municipales de este mayo. Badía ha señalado que el motivo es su próxima paternidad.
El concejal de los Comunes ha sido cuestionado desde algunos sectores por su gestión municipal a lo largo de los últimos ocho años, teniendo que hacer frente a sendas querellas por su actuación al frente de la incineradora Tersa y la cesión de un inmueble municipal a un colectivo okupa. Además, sufre el desgaste de algunas decisiones judiciales tras haber intentado sin éxito municipalizar la gestión del agua o implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para reducir la contaminación de la ciudad.
Una de las principales controversias en la que se ha visto involucrado Eloi Badia es la gestión que ha llevado a cabo al frente de la incineradora Tersa. Como presidente de esta compañía pública recae sobre él una denuncia de la Fiscalía y de la plataforma Airenet por un presunto delito ecológico por superar los niveles de contaminación permitidos.
En materia de contaminación, Eloi Badia, en su condición de vicepresidente del área de Ecología en el AMB, también se ha visto afectado por la aplicación de la ZBE en el área metropolitana de Barcelona. Su diseño e implantación generó numerosas protestas de vecinos, entidades y plataformas, que rechazaban frontalmente el ámbito de aplicación y el alcance de las exigencias a los vehículos.
A esto hay que añadir las situaciones judiciales que se han venido sucediendo en los últimos meses. La primera en marzo de 2022, con la sentencia del TSJC que tumbó la ZBE al alegar que el ámbito geográfico de aplicación era excesivo. Por ahora, el Ayuntamiento de Barcelona y el AMB han apelado esta suspensión al Tribunal Supremo, que debe pronunciarse próximamente de la legalidad de la ZBE.
El segundo vino en diciembre de 2022, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España por no cumplir con los altos niveles de contaminación y la falta de medidas correctoras en ciudades como Madrid y Barcelona.
OKUPAS
Otra de las principales polémicas ha sido su decisión de ceder la antigua comisaría de la Policía Nacional en el barrio de Gràcia, conocida como el Casal Tres Lliris, a una asociación okupa del barrio. El edificio, que fue okupado en noviembre de 2015 por la Associació de Joves de Gràcia, contó con el beneplácito del ayuntamiento para que en 2017 esta asociación renovara por cuatro años más su estancia en este inmueble de titularidad municipal.
Esta situación en ningún momento pasó por alto en el vecindario, ya que algunos vecionos se quejaron del incivismo de los okupas y acabaron denunciando por malversación y prevaricación al consistorio ante la justicia, lo que implicó la apertura de un juicio contra Eloi Badia, quien declaró el pasado septiembre por estos presuntos delitos. Algunas informaciones indican que Badia autorizó que se destinaran más de 40.000 euros para reparar varios desperfectos del local okupado para mejorar sus condiciones y la insonoridad del edificio.
GESTIÓN DEL AGUA
A ello hay que sumar los intentos fallidos para municipalizar el servicio de gestión de abastecimiento del agua en Barcelona, que se ha visto sometido a constantes reveses judiciales.
Este asunto ya viene de antaño cuando el ejecutivo de Colau intentó tirar adelante a lo largo de la primera legislatura el proyecto de una multiconsulta que incorporaba una pregunta sobre la gestión del agua, pero al no contar con la mayoría suficiente en el pleno del consistorio, la propuesta no acabó tirando adelante. Además, el reglamento de participación ciudadana que debía dar cobertura legal a la multiconsulta, acabó siendo anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en noviembre de 2019 dado que la normativa no se sometió a un segundo periodo de exposición pública después de introducir modificaciones relevantes con posterioridad a su votación. Asimismo, el tribunal argumentó que las consultas locales deben ser autorizadas por el Gobierno de España, algo que no sucedió.
A todo esto, hay que sumar que el Tribunal Supremo avaló en una sentencia, también en noviembre de 2019, la creación de la empresa mixta entre Agbar y el AMB, ente presidido por Ada Colau. Así, se daba carpetazo a la posibilidad de que la gestión del agua en la ciudad pasará a manos municipales.
PUERTA A PUERTA
El sistema individualizado de recogida de residuos domésticos, conocido como “puerta a puerta” y que se introdujo en 2021 el barrio de Sant Andreu de Palomar, actuando como banco de pruebas para extenderse en un futuro en toda la ciudad, también generó polémica. Numerosas han sido las críticas recibidas por parte de los vecinos, que han apuntado al concejal de BeC como responsable de los problemas que ha traído el despliegue del “puerta a puerta”, así como su obstinación por querer aplicar rápidamente el sistema de recogida sin el consenso necesario. En la actualidad, vecinos continúan mostrando su rechazo mediante diversas manifestaciones, quejas en los consejos de barrios y protestas en actos protagonizados por el concejal. Principalmente aducen que el “puerta a puerta” provoca un aumento de la suciedad en las calles, aparición de roedores y que que ha causado la falta de contenedores en el barrio, acumulando basura, así como un aumento del ruido de los vehículos de recogida de residuos.
Devido a las presiones y movilizaciones vecinales y de la oposición este sistema no se ha llegado a extender a otros barrios, tal y como estaba previsto en un inicio.
FUNERARIA
Otra de las medidas que anunciaron los comunes en la pasada campaña electoral fue la de proponer la creación de una funeraria pública, con el intento de desprivatizar el sector fúnebre en Barcelona.
La realidad ha acabado alejando esa promesa electoral, dado que el pleno municipal tumbó el proyecto de Colau y Badia para crear una funeraria pública. El ejecutivo de Colau intento vender el 15% que le quedaba sobre la empresa Serveis Funeraris de Barcelona (SFB) motivando así, según denunciaron los críticos con esta medida, el efecto contrario que predicaron en la campaña de 2019 con la privatización total del sector.
También ha sido cuestionada en los últimos años la gestión de Badia sobre el mantenimiento en los cementerios municipales, llegando a provocar el derrumbe de 144 nichos en el cementerio de Montjuic en 2017. Esto hecho motivó una querella contra el concejal acusándolo de varios delitos, dado que el derrumbe ocasionó que los restos óseos de los difuntos quedaran al descubierto mezclándose entre ellos.
Además de las carteras de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia es el concejal del distrito de Gracia, así como el presidente del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona (IMPJB). Precisamente, esta última empresa se vio afectada por una denuncia de acoso sexual, al denunciarse que se atendió una denuncia de una trabajadora del IMPJB que demandaba a un directivo de esta empresa por un presunto episodio de violencia de género. Por esta razón, el Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona condenó en 2021 a la empresa municipal a indemnizar a dos trabajadoras que habían sufrido acoso machista.
A raíz de esta sentencia, el Síndico de Barcelona abrió una actuación de oficio para saber cuál es la situación actual en este organismo municipal con respecto a la desigualdad y la discriminación por razones de sexo, así como identificar qué acciones se han llevado a cabo para la prevención de situaciones de acoso. El sindicato CGT llegó a pedir la dimisión de Badia, ya que entendía que este actuó con pasividad y que ignoró las peticiones de reunión que se le hacían.
En el ditrio de Gràcia, en el pregón de las fiestas en agosto de 2022 Badia fue recibido por algunos asistentes con pitidos, después de que Colau optase por no acompañarle como sí hizo en la edición de 2021, en la que también fue abucheada.
Otro episodio fue cuando el Ayuntamiento eliminó el parque ubicado entre la Ronda de Dalt y la carretera de Sant Cugat para construir en su lugar dos bloques de 34 viviendas de carácter dotacional, según el plan municipal, un hecho que motivó la manifestación de los vecinos de Vallcarca y los Penitentes.
También recibió críticas Badia por el proyecto de la Baixada de la Glòria, puesto que algunos vecinos ven limitada su movilidad en el barrio por por lo que considran nulo mantenimiento e inversión en las escaleras mecánicas que les conectan los servicios básicos de la ciudad.
