En declaraciones efectuadas a este diario a través de su gabinete de comunicación, el alcalde sentenció que rescindir el contrato de Recuenco, como solicitó el pasado miércoles el secretario local del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, en palabras a este diario, sería “un despilfarro”.
Palma argumentó esta información en que, después de haber pagado al redactor del PGOU “más de un millón de euros” por la parte del trabajo que ya había realizado, sería un gasto inútil encomendar ahora el trabajo a otra persona, lo que también supondría un retraso al tener que revisar un texto que, a su entender, está ya “prácticamente terminado”, a falta de las adaptaciones pertinentes en relación al Plan de Ordenación Territorial (POT) del Campo de Gibraltar.
‘Cantidad simbólica’
A vueltas otra vez con el segundo término de esta polémica, la famosa “cantidad simbólica” señalada por Palma y Ledesma al anunciar el acuerdo que se está gestando con Recuenco, desde el Ayuntamiento aseguran que el dinero que se le pagará a Recuenco no se acerca ni de lejos a las cantidades manifestadas, primero por el portavoz del Partido Independiente del Valle de Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, que iban entre los 200.000 y 300.000 euros; y posteriormente por Ruiz Boix, que cifraba en 400.000 euros la cantidad restante hasta los 1.500.000 euros fijados en las sucesivas mejoras del contrato de Recuenco, que se inició en 1998.
Desde el ente municipal argumentaron esto último en que, aunque no hay una cuantía económica cerrada, los números serían de carácter simbólico en tanto en cuanto lo que le interesaría al arquitecto, por cuestiones de prestigio profesional, y no tanto por honorarios, sería concluir este trabajo.
En cualquier caso, y tras casi una semana de declaraciones diversas de las diversas formaciones políticas que componen el cuadro sanroqueño, la “cantidad simbólica” sigue sin ser desvelada porque aún no está cerrada.
Rescisión
Con estas afirmaciones, el Ayuntamiento responde a las declaraciones efectuadas para este diario por el secretario local del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, quien opinaba que sería necesario iniciar un proceso de rescisión de contrato con el arquitecto por ser “doloso” con los intereses municipales. Asimismo, Ruiz Boix cree necesario que el redactor del PGOU no sólo no cobre un euro más sino que sea él quien tenga que indemnizar al Ayuntamiento por no haber redactado supuestamente un documento a la medida de lo que se le pedía.
Hay que recordar que, en 2005, cuando se abrió el periodo de alegaciones para el PGOU elaborado por Recuenco, se presentaron unas 2.000 objeciones, y el documento recibió, como recordaba el PSOE recientemente, incluso la reprobación del actual alcalde, Fernando Palma, y el edil José Antonio Ledesma.
