Cuando a mediados de los años cincuenta del siglo pasado se planteó la necesidad de construir las torres eléctricas a ambas orillas de la Bahía de Cádiz para evacuar la energía generada en la fallida central térmica de la capital a la subestación de Puerto Real, se barajó la posibilidad de establecer un cable submarino que fue descartada por un informe desfavorable de los fabricantes que advertían de la dificultad de acometer la empresa porque el fondo es fangoso, movedizo, con corrientes fuertes y navegación intensa. Como segunda opción, se estudió que las líneas discurrieran por el istmo de Cádiz y las zonas de las salinas de San Fernando pero la elevada salinidad, cimentaciones y cruces de caños navegables desaconsejaron esta solución. También influyó el hecho de que ocuparía un espacio saturado de otros servicios como la carretera, las vías del ferrocarril, el agua y los tendidos telegráficos y telefónicos. Finalmente, se decidió cruzar la Bahía con una línea eléctrica de doble circuito de 132 kV (actualmente 220) con un gran vano, dada la distancia de 1.639 metros entre ambas torres, y la construcción de los pórticos de San José, en Zona Franca, y Cabezuela, para tensar el cableado y conectarlo con las subestaciones desde donde se abastece la energía.
Si bien, durante más de 20 años desde que se finalizó la infraestructura, en 1961, parecía que aquella resolución fue adecuada, la planificación y el desarrollo de la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real, dejó a los vecinos bajo el tendido eléctrico de alta tensión en su paso hacia Cádiz, hasta el punto de que la línea ha quedado integrada en la misma, dividiéndola en dos y transcurre por una de las principales vías del núcleo urbano. Los residentes no tardaron en comprobar la incomodidad de compartir espacio con la instalación propiedad de Endesa. Los días de lluvia el cableado despedía un enorme zumbido y el temor cundía en las familias ante la posibilidad de que, en días de tormentas, impactara algún rayo, como ha ocurrido en ocasiones con alguna de las torretas.
Las miradas de recelo se tornaron en preocupadas e indignadas conforme trascendieron datos del propio Servicio Andaluz de Salud que sitúa a la barriada como foco de mayor mortalidad de la Bahía de Cádiz en mayores de 55 años. No en vano, el Consejo de Europa advirtió del riesgo para la salud de este tipo de infraestructuras en mayo de 2011 dados “los efectos potencialmente más o menos nocivos para las plantas, los insectos y los animales, así como para el cuerpo humano incluso cuando la exposición es a niveles que están por debajo de los valores de los umbrales oficiales”, como es el caso de España.
“La normativa nacional es muy laxa” , advierte José Antonio Montilla, portavoz de la Plataforma Vecinal Río San Pedro, quien asegura que las mediciones realizadas superaban de largo el tope legalmente establecido de 1 microtesla y apunta que, en cualquier caso, algunos ayuntamientos han establecido ya criterio mayor de seguridad, como la obligatoriedad de que exista un metro de distancia a edificios por cada kilovatio de tensión nominal de la línea; en algunas zonas de Puerto Real, está a escasos diez metros del dormitorio de algunos pisos. Por ello, Montilla reclama que se dé cumplimiento al acuerdo del Parlamento de Andalucía de noviembre de 2016, hace precisamente seis años y justo cuando la compañía eléctrica afronta el monumental reto de sustituir el cableado tras cuatro décadas de servicio. La iniciativa, impulsada por el PSOE, recogía, con matices, las demandas de los vecinos para que se soterraran las líneas. “Es cuestión de voluntad política”, remarca, al tiempo que lamenta que “las administraciones se echen la pelota una a las otras”, dada la complejidad competencial de sacar adelante este proyecto.
Adelante Andalucía reclama, por su parte, responsabilidad a la empresa. “Es una auténtica contradicción los valores que dice defender Endesa como su compromiso hacia un futuro integrador, limpio y sostenible, o su lucha contra el cambio climático y su apuesta por la inclusión, la sostenibilidad o la diversidad, y luego lleve rechazando desde 2016 el soterramiento de las líneas de alta tensión”, reprochó esta semana Teresa Rodríguez. Lo cierto es que el gigante eléctrico mostró cierta sensibilidad con la iniciativa, al estudiar el coste de su ejecución. De acuerdo al presupuesto elaborado en 2015, la obra obligaría a desembolsar algo más de 3 millones de euros. Pero no está dispuesta a asumirlo y apunta a los gobiernos. Por el momento solo desembolsará 800.000 euros para cambiar los cables y dejarlos donde están.
