El Colegio de Abogados de Cádiz ha celebrado esta mañana una concentración ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras. Lo hace “ante la gravedad de la situación que se está sufriendo por parte de los profesionales, funcionarios y partes del proceso” en este Juzgado, “con un absoluto descontrol en la agenda de señalamientos. Y jornadas interminables de guardia que se extienden bien entrada la noche y, sobre todo, el grave error que ha supuesto la comarcalización del ámbito de este juzgado, extendiéndose a los partidos judiciales de La Línea y San Roque, situación agravada en agosto pasado”, denuncian.
El decano del Colegio de Abogados de Cádiz, Pascual Valiente, considera que se trata de un juzgado que “tiene que tener especial sensibilidad, por las víctimas, que pasan aquí numerosas horas desde por la mañana, sin saber a qué hora van a entrar a juicio, los testigos, los detenidos, los familiares y los abogados… Creemos que esto debe modificarse ya”.
“El objetivo que tiene la comarcalización del juzgado es dar respuesta a una mejora de la tutela judicial efectiva de la mujer como víctima de la violencia de género. Eso es lo que se establece en la Ley Orgánica que crea los juzgados de violencia de género. Eso no se está cumpliendo. Además, en el Real Decreto que crea esta jurisdicción se pretendía dotar de un sistema más garantista que pudiera, además, mejorar la prestación de un servicio público esencial, algo que tampoco se está cumpliendo. Es todo lo contrario”, lamenta el decano.
Por lo tanto, desde el Colegio de Abogados de Cádiz demandan, “primero, una vuelta a atrás en el proceso de comarcalización, es decir, que se recupere la competencia de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en La Línea y en San Roque, en materia de violencia sobre la mujer”.
Valiente admite que “no es un proceso rápido, ya que debe aprobarlo el Gobierno a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con informe favorable de la Junta de Andalucía. Hasta ese momento, demandamos el nombramiento, con toma de posesión inmediata, de un juez de refuerzo, para que pueda auxiliar al Juzgado en el cumplimiento de las funciones fundamentales, que es la instrucción y la respuesta a los procesos civiles de los que tiene competencia este juzgado”.
“Y en tercer lugar, también muy importante, la programación adecuada de la agenda judicial. Todos somos conscientes de que en este juzgado se trabaja mucho, de que la jueza pasa muchísimas horas trabajando, pero que dotar a esos recursos de mayor eficacia, con una agenda que evite que las víctimas tengan estas esperas larguísimas, durante todo el día, con las consecuencias que tiene”, considera.
El decano lamenta que “esto está provocando, además, un desinterés de la víctima sobre la propia causa penal. Está desalentando que tenga que volver a presentar una denuncia para la defensa de sus intereses, situaciones en colisión con derechos de los investigados no detenidos, etc.”.
Por tanto, el Colegio de Abogados de Cádiz viene a reclamar que “se proceda a la descomarcalización para una mayor eficacia en la prestación de un servicio público fundamental para salvaguardar el derecho de nuestros representados, que es el trabajo de los abogados. Y ese derecho se está viendo mermado por las situaciones tan lamentables en las que está funcionando este juzgado”.
El Colegio va a promover, “y ya hay algún partido político que lo está haciendo en el Parlamento Andaluz, una reforma para que quede sin efecto el Real Decreto por el que se extendió la planta judicial de Violencia sobre la Mujer del Juzgado de Algeciras a los de La Línea y San Roque”, recuerda Valiente.
La delegada de La Línea y San Roque del Colegio de Abogados, Eva Martín, explica que “”para que no se crucen las víctimas y los investigados no detenidos, hay una habitación en la que a veces se juntan hasta seis víctimas en estas instalaciones. Y en otra, los investigados no detenidos. Todos tienen que andar pidiendo permiso cuando necesitan salir para algo”.
“Ocurre que muchas víctimas acaban por decidir que no quieren denunciar y quieren irse a casa, porque se agobian, no tienen dinero para volver en autobús otro día, etc. Lo mismo sucede con testigos que van dispuestísimos a declarar, pero llegan y se encuentran con este atolladero y no lo hacen”, denuncia. “Pensamos que estas víctimas deben ser atendidas en su localidad, cerca de su casa, en un entorno donde se les pueda ayudar”.
El concejal linense Helenio Lucas ha recordado que “el Ayuntamiento de La Línea ya puso a disposición de la Junta un edificio para que se pudieran desarrollar allí todas las acciones que se precisen. Reafirmamos nuestra voluntad de que se descomarcalice este juzgado”.
La secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, recuerda que ya se ha dado traslado de la situación al Parlamento andaluz: “Hemos registrado ya la pregunta oral, que se producirá en el próximo pleno en sede parlamentaria, la semana que viene. Ahí veremos si la Consejería va a tomar cartas en el asunto y va a poner de su parte para resolver esta situación o va a seguir haciendo gala de desinterés. Vamos a insistir en que las cosas no pueden seguir siendo así”.
Ana Suárez, representante de de la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent, denuncia que “desde que se unificó el Juzgado en Algeciras nos hemos dado cuenta de que hay muchas víctimas de lugares como Castellar o Jimena que no tienen cómo llegar. Las conexiones de autobús no son fáciles. Y la carga moral de estar aquí desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche sin poder ni beber agua es indignante”.
