Miguel y Raquel tuvieron que acudir al Juzgado de Instrucción nº 3 de Cádiz la semana para rendir cuentas por compartir imágenes de las actuaciones policiales durante la huelga del sector del metal en noviembre pasado.
A ambos se les imputa un delito de revelación de datos. En el caso de la mujer, también intimidación, después de que se viralizara en redes sociales unas declaraciones en televisión desafiando a los agentes antidisturbios en las que decía textualmente que “no voy a permitir que estos sicarios porque, perdonadme, pero no lo puedo decir de otra manera, porque los tengo que llamar por su nombre, se metan en las zonas residenciales donde tenemos a nuestros hijos”. “Me siento cabeza de turco”, aseguró a VIVA CÁDIZ en víspera de su personación en los juzgados de San José.
Jesús Galván, portavoz de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), lamentó, por su parte, que se aplique la Ley Orgánica/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, y denunció “la represión contra la lucha obrera”.
“Quieren arruinarles la vida solo porque se echaron a la calle para reclamar los derechos laborales que nos corresponden”, agregó el representante de CTM, quien reiteró la denuncia de malos tratos por parte de la Policía Nacional a los cinco detenidos en la barriada del Río San Pedro en Puerto Real el 16 de diciembre. Asimismo, recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a derogar la Ley Mordaza, pero sobre la mesa solo hay a día de hoy una propuesta de reforma que considera insuficiente.
“Antes de intervenir, aguantamos carros y carretas”, apunta el secretario provincial de Jupol, Antonio Rodríguez, respecto al debate abierto sobre la respuesta policial Cádiz y Puerto Real durante el conflicto.
Cualquier cambio normativo, dificultaría aún más el trabajo en situaciones extremas como las que han sufrido con la huelga indefinida del sector del metal, apunta. “¿Con qué nos enfrentamos a los violentos? ¿Podrán difundir nuestras imágenes?”, se pregunta, preocupado por la posibilidad de quedar más desprotegidos aún.
“Los agentes deben estar controlados específicamente”
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) convocó el 13 de febrero una concentración en Cádiz para denunciar que, con la reforma propuesta por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos de la Ley de Seguridad Ciudadana, “la protesta seguirá amordazada”, dado que “no eliminará los elementos más lesivos para los derechos humanos”.
“Desde 2015 y hasta diciembre 2019 se impusieron cerca de 140.000 sanciones en base únicamente a dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse (36.6) y faltas de respeto a la autoridad (37.4), suponiendo el 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana”, explica la organización en un comunicado publicado en su página web.
“Ninguno de estos artículos es abordado por el acuerdo de reforma. La propuesta tampoco plantea eliminar el artículo relativo a la difusión de imágenes de actuaciones policiales (36.23)”, advierte Diego Boza, portavoz de la entidad, quien defiende que las actuaciones policiales deben poder ser documentadas tanto por periodistas como por la ciudadanía en general. Los agentes “deberían estar sometidos a un control específico dado que tienen el monopolio del uso de la violencia”, sostiene.
“¿Tendría sentido imposibilitar que se graben y difundan imágenes en las que se viera a un profesor abusando de sus alumnos a la puerta de un colegio?”, pregunta. Para Boza, la respuesta es la misma en el caso de los integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Por otro lado, lamenta “la presión de los sindicatos policiales y los partidos de derecha y ultraderecha” para el mantenimiento de la Ley Mordaza que, en cualquier caso, no prohíbe expresamente documentar una actuación policial salvo si se pone en riesgo al funcionario. “Lo que ha tratado la normativa es disuadir”, advierte, lo que implica “falta de calidad democrática”. El sistema “es bastante tramposo porque si un denunciado recurre la multa y no gana, paga la sanción completa; si la abona sin objeciones, solo paga la mitad”.
“Ya no es por los 300 o 400 euros, es que se genera incertidumbre y lleva a que uno se lo piense antes de publicar imágenes”, aunque reflejen abusos, concluye.
“Si es posible que nos graben, que dejen grabar a la Policía”
En plena huelga del metal, cuando las imágenes de los enfrentamientos entre los manifestantes más radicales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las calles de Cádiz y la barriada de San Pedro, en Puerto Real, copaban los titulares de medios de toda España, el secretario provincial de Jupol, Antonio Rodríguez, lamentaba que, “pese a estar facultados, en la práctica no se nos permite el uso de la fuerza de manera proporcional hasta que es demasiado tarde”. Y explicaba que “nos quitaron el cañón de agua para dispersar a la muchedumbre y ahora (en referencia a la reforma de la denominada Ley Mordaza) quieren quitarnos el uso de las pelotas de goma y el gas lacrimógeno. ¿Con qué quieren que nos enfrentemos a los violentos?”.
El delegado de Acción Sinidcal de la organización, Alejandro Moreno, advierte de “la pérdida de autoridad”. “Estamos cohibidos a la hora de hacer nuestro trabajo”, agrega. Y los delincuentes, sostiene, se crecen: “Tenemos serios problemas en el Campo de Gibraltar con bandas organizadas que se han venido arriba”. También en Sanlúcar o Jerez.
Lo peor es que, “si nos denuncian, cuatro o cinco meses después se nos abre un procedimiento abreviado para tomarnos declaración como investigados, sin pruebas”. Y esto, “nos quema mucho”, porque, en ocasiones se trata de casos protagonizados por “delincuentes con 17 o 18 detenciones, en la calle pese a todo, que dicen que hemos agredido y se nos imputa”.
Ante esta situación, Moreno plantea que los policías puedan grabar las actuaciones que llevan a cabo y que tengan efectos como herramienta judicial. “Hacemos uso legítimo de la defensa; no somos padre de nadie, pero en ocasiones tenemos que usar la fuerza”, explica. En estas ocasiones, documentar la intervención es clave porque “lo que se mueve en redes es la reacción de los compañeros durante diez o quince segundos”, no lo que pasa antes. “Los carros y carretas que aguantamos”, en palabras de Antonio Rodríguez.
“En democracias consolidadas se permite”. En noviembre, habría servido para demostrar que “el trabajo que se hizo es estupendo”, con todas las garantías frente a “una lucha vandálica que provocó destrozos y dejó a compañeros heridos”.
