La Guardia Civil ha desmantelado esta semana en Puerto Serrano el clan de Los Piños. No ha sido el único golpe al narcotráfico en la provincia en lo que va de semana, pero sí muy significativo, por la sensación de inviolabilidad con la que se exhibían algunos de sus integrantes, tanto en las redes sociales como en público, y el desproporcionado tinglado de plantaciones de marihuana con el que contaban, que llegaba a consumir más electricidad que el cercano hospital de Villamartín. Había vídeos con compras, con joyas, con raperos, y era habitual verlos pasearse por el pueblo en Porsche, tal vez conscientes de nuestra costumbre de mirar hacia otro lado, aunque la acompañemos de cuchicheos.
Ocurre con la economía sumergida. Los datos reflejan que la practican muchos a diario; tantos, que es imposible vivir al margen de la misma. Y sin embargo miramos hacia otro lado. Pecata minuta. Peor aún, encuentra justificación, como ocurrió durante los momentos más difíciles de la crisis del ladrillo, en los que se llegó a admitir que, de no ser por los chapús que unos y otros iban encontrando, las calles estarían en llamas.
Este viernes, a través de un estudio encargado por la Confederación de Empresarios de Cádiz y la Diputación, se ha dado a conocer su impacto aproximado, y no es para estar orgullosos. Solo en 2020, la actividad económica no declarada costó a las arcas públicas 1.500 millones de euros. Es más, si aflorara toda esa actividad, el PIB de la provincia subiría entre un 4 y un 7%. El estudio concluye que el peso de la economía irregular entre 1986 y 2020 ha sido del 33% del PIB, y aunque se ha rebajado a entre el 19 y el 24% durante los últimos 15 años, supone en la actualidad el doble que el registro existente en el resto de España.
El informe, al igual que la operación de la Guardia Civil contra los narcos en un pueblo de la Sierra, visibiliza una situación sobre la que no se habla, o, en todo caso, como digo, se cuchichea, ya sea un Porsche o la reforma de un sótano, pero también pone el acento en las causas y las soluciones una vez expuestos los datos. Y lo que sostiene la evaluación es que en la provincia hay mucho efectivo en circulación y muy poca educación en lo concerniente al compromiso cívico y tributario que supone no trabajar, cobrar o pagar en B. Obviamente, las soluciones pasan por reforzar la formación en este ámbito, fomentar el cumplimiento de las obligaciones, llevar a cabo un mayor control fiscalizador o facilitar el pago electrónico, que ya se encuentra muy avanzado en países del norte de Europa, donde no es necesario llevar metálico en la cartera, solo plástico.
Pero también hay una responsabilidad en toda esta cuestión que no recae solo en el ciudadano, sino en la administración, puesto que una de las causas por las que muchos optan por eludir la actividad en A se encuentra en la presión fiscal: cuanto más alta, más crece el fraude.
De hecho, es el argumento principal que está ahora mismo encima de la mesa contra las pretensiones del Ministerio de Seguridad Social de modificar el sistema de cotizaciones entre los autónomos. El Gobierno plantea reducir un 10% la cotización para todos aquellos que no superen el SMI, e incrementar un 40% la de aquellos que se encuentren por encima del medidor salarial. Lo hace aduciendo a que dos de cada tres autónomos se encuentran por debajo del baremo, cuando los datos que maneja ATA de los 3,2 millones de autónomos españoles, un 56% han presentado un rendimiento neto por encima del SMI, con lo que no cuadran los cálculos apriorísticos del Ministerio, que, por otro lado, aspira a ingresar unos dos mil millones de euros extra que pueden quedarse en mucho menos, puesto que la subida de la presión fiscal será casi una invitación a ejercer el fraude y la economía sumergida, y, por supuesto, a degenerar en la competencia desleal.
Como en otras ocasiones, tenemos a los mejores a la hora de establecer la teoría y plantear las soluciones, pero nos cuesta mucho pasar a la práctica, con lo fácil que es mirar hacia otro lado.
