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En román paladino

Impostura

La estrategia es desgastar al gobierno, incluido el de los jueces

Publicado: 18/01/2022 ·
09:19
· Actualizado: 18/01/2022 · 09:19
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Autor

Rafael Román

Rafael Román es profesor universitario, miembro del PSOE, exconsejero de Cultura y expresidente de la Diputación de Cádiz

En román paladino

El autor aborda en su espacio todos los aspectos de la actualidad política tanto de España, Andalucía y la provincia de Cádiz.

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Están en funciones  desde el 4 de diciembre de 2018, pero ahí siguen. Han pasado más de tres años y así transcurre una situación que contraviene la Constitución,  pero los interesados no se dan por aludidos. Su última actuación ha sido oponerse al proyecto de ley de Vivienda del gobierno.  Son personas formadas.  Largas carreras profesionales les adornan. Ocupan  unos de los puestos  más importantes de la arquitectura constitucional: Corona, Cortes Generales, Gobierno y Poder Judicial. Sobre  este último la Constitución es clara: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial….”. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo…integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años”. La plasmación  de sus  nombramientos es responsabilidad de las Cortes Generales. 

El Partido Popular, que tenía mayoría absoluta cuando se eligió por las Cortes el actual consejo -y lo hizo sin remordimiento alguno-  ahora pone todos los reparos posibles -personales y de procedimiento- con el objetivo de que puedan seguir  en el cargo los nombrados cuando  el PP disponía de mayoría absoluta. ¿Tiene nombre ese comportamiento? Tres años sin  la renovación, como señala taxativamente la Constitución. ¿Puede cambiarse el sistema de nombramientos? De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial hay un sistema en vigor que puede  -y seguramente deba-  cambiarse-  por las  Cortes,  pero primero hay que cumplir la ley.  La caducidad del consejo es escandalosa. En diciembre de 2018 hubo un acuerdo parlamentario para la renovación preceptiva pero se produjo una filtración en un  grupo de WhatsApp comandado  por Ignacio Cosidó, senador del PP y anterior director general de la Policía. Este señor se jactaba de controlar “por la puerta de atrás” el consejo por vía del que iba a ser nombrado presidente del mismo, que era el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. La alusión a este magistrado  tuvo como   consecuencia su  renuncia  a formar parte de una candidatura que nacía  marcada por  un partidismo grosero. Desde esa fecha naufragó la renovación del consejo. Todo lo que ha venido después son excusas increíbles. La estrategia es desgastar al gobierno, incluido el de los jueces. La vivienda puede esperar. ¡Morro!

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